Australia se convirtió en el primer país del planeta en imponer una restricción nacional que prohíbe a todos los menores de 16 años usar redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook y X.
La medida, confirmada por el gobierno de Anthony Albanese, comienza a regir desde esta medianoche, marcando un precedente histórico en regulación digital. Según el gobierno, esta acción busca frenar los efectos negativos que las plataformas pueden provocar en la salud mental de niños y adolescentes, un tema ampliamente debatido por expertos y autoridades en los últimos años.
La nueva norma exige que las plataformas implementen estrictos sistemas de verificación de edad para impedir que menores accedan a sus servicios. En caso de incumplimiento, las empresas enfrentarán multas que pueden llegar a los 50 millones de dólares australianos, equivalentes a casi 32.700 millones de pesos chilenos.
Parte de la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024; hace responsables a las compañías, no a los menores ni a sus familias, estableciendo un estándar inédito sobre cómo deben operar las redes sociales en territorios donde el Estado decide intervenir por protección infantil.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por padres, psicólogos y organizaciones dedicadas a la seguridad digital, que ven en esta prohibición un avance hacia entornos online más seguros para menores. No obstante, el proyecto también ha generado fuertes críticas de sectores que consideran que esta regulación vulnera derechos digitales básicos.
Las plataformas tecnológicas, por su parte, han mostrado preocupación por las complejidades técnicas y los riesgos de privacidad que implica implementar verificaciones de edad intrusivas, algo que ya ha sido debatido globalmente en contextos como la verificación biométrica o documental para menores.
Más allá de las polémicas, la decisión australiana instala una discusión que inevitablemente resonará en otros países: ¿deberían los gobiernos regular la edad mínima de acceso a redes sociales de forma obligatoria? La medida marca un punto de quiebre en la relación entre Estados, tecnología y derechos digitales, y abre un precedente que podría inspirar nuevas legislaciones en todo el mundo.
